Escándalo en Hipólito Yrigoyen: Concejales preparan el terreno para un juicio político contra la intendenta Soledad Cabrera

Locales07/09/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
El Concejo Deliberante investiga presuntas inconsistencias financieras que superarían los 1.000 millones de pesos. Los ediles aseguran que la medida busca proteger los intereses del pueblo y garantizar la transparencia institucional.
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La crisis política y social en el municipio de Hipólito Yrigoyen sumó un nuevo capítulo clave en las últimas horas. Tras meses de extrema tensión, marcados por protestas vecinales e incidentes en la apertura de sesiones ordinarias, el Concejo Deliberante avanza firmemente en el diseño de una estructura legal para someter a juicio político a la intendenta Soledad Cabrera.
El concejal Gabriel Hoyos detalló que el cuerpo legislativo se encuentra a la espera de la promulgación definitiva de una ordenanza clave. Dicha norma, que fue vetada en primera instancia por la jefa comunal y luego ratificada por insistencia de los ediles, busca otorgar un marco jurídico sólido al proceso para evitar que sea invalidado por la Justicia en un tribunal superior. Se prevé que los plazos de promulgación venzan tras las celebraciones de la Fiesta del Milagro.
Fondos bajo la lupa y obras inconclusas
El principal motor de la acusación radica en el manejo de las arcas públicas. De acuerdo con las auditorías internas de los legisladores, existen inconsistencias que superan ampliamente los 1.000 millones de pesos al incorporar partidas provinciales, fondos de asistencia crítica, regalías y coparticipación.
De esa cifra, más de 800 millones de pesos corresponden estrictamente al rubro de obra pública. Los concejales denuncian que múltiples proyectos presentan presupuestos millonarios ejecutados, pero en la práctica las obras "no existen, están mal hechas o se encuentran sin terminar".
Entre los casos más alarmantes señalados por la oposición se encuentran:
  • Deficiencias en el servicio de agua:Una obra en el sector de las 62 hectáreas que demoró cinco meses dejó a los vecinos con calles inundadas, falta de presión y agua turbia, aceitosa y con mal olor, antes de que la empresa contratista retirara la maquinaria.
  • Convenios habitacionales truncados: Incumplimientos en los programas conjuntos con el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), donde los propios beneficiarios debieron costear materiales básicos como puertas y sanitarios para finalizar los trabajos presupuestados.
  • Infraestructura comunal: Inconsistencias en el tinglado del complejo deportivo municipal (con un presupuesto superior a los 161 millones de pesos), refacciones en el Instituto de Educación Superior por casi 100 millones de pesos, y falta de rendición en festivales locales.
Hacia una reforma institucional
Desde el Concejo Deliberante aclararon que la iniciativa "no es una persecución personal contra Cabrera", sino un acto en favor de la transparencia del pueblo. Los ediles remarcaron las severas dificultades para acceder a la información pública, asegurando que el Ejecutivo solo presentó a término el primer trimestre del ejercicio 2025 y que las respuestas a los pedidos de informes posteriores han sido "vagas" o incompletas.
Ante este escenario, el arco político local ya debate la necesidad de reformar la Carta Orgánica Municipal —vigente desde 1996— para adecuar los mecanismos de control, regular los recursos del municipio y habilitar un Tribunal de Faltas que fiscalice la recaudación impositiva. De formalizarse las denuncias en las comisiones revisoras, estiman que el proceso de juicio político podría extenderse por un periodo aproximado de cuatro meses.
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