Bajo la lupa judicial: El presidente del Ente Regulador denunció a un legislador por contratos millonarios y omisión de DDJJ

Locales19/10/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
La tensión política e institucional en la provincia se trasladó definitivamente a los tribunales. El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Carlos "Uluncha" Saravia, radicó una denuncia penal contra el diputado provincial Daniel Segura que colocó los negocios de la familia del legislador bajo una estricta investigación judicial.
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La presentación judicial acusa formalmente al representante de General Güemes de negociaciones incompatibles con la función pública, omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, tráfico de influencias y coacción agravada. Según la denuncia de Saravia, Segura ocultó intencionalmente en sus presentaciones oficiales su participación en Miguel Segura S.A., la firma detrás de la cadena de supermercados Miguelito. El titular del Ente Regulador contabilizó inicialmente sospechas sobre negocios directos con el Estado provincial por más de 674 millones de pesos.
Un entramado de $2.000 millones y sueldos de directorio
Sin embargo, una investigación periodística posterior de Gente de Salta reveló que el volumen de los contratos es significativamente mayor. Desde que Daniel Segura asumió su banca en noviembre de 2019, la firma familiar acumuló $2.070.040.310,60 en adjudicaciones estatales para la provisión de módulos alimentarios y productos de la Copa de Leche.
A pesar de que el escándalo empujó al diputado a renunciar a fines de julio a su cargo de director suplente en la compañía, los registros societarios demuestran que conservó intacto su 25% de las acciones. Asimismo, documentos internos de la sociedad revelaron que la asamblea de accionistas aprobó asignarle una remuneración personal de $3 millones mensuales, percibiendo el segundo ingreso más alto de la firma administrada por sus hermanos.
Adjudicaciones en plena tormenta y futuro electoral
La causa penal no frenó el flujo de fondos públicos hacia la empresa investigada. Tres meses después de presentarse la denuncia, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia otorgó un nuevo contrato a Miguel Segura S.A. por $81.594.000 para la compra de 6.000 módulos alimentarios, en un proceso donde la firma del legislador compitió como único oferente.
Por su parte, el diputado Segura rechazó tajantemente las acusaciones ante los medios, tildó de "inútil" y "corrupto" al denunciante y atribuyó la causa a una represalia política por sus cuestionamientos a la gestión del Ente Regulador, asegurando que las licitaciones fueron públicas y transparentes.
Mientras la Justicia determina la existencia de incompatibilidades, el panorama electoral de General Güemes de cara a 2027 ya prevé un enroque político: el actual intendente Carlos Rosso planea competir por la banca de diputado, mientras que Segura aspira a regresar a la conducción del municipio, cargo que dejó en 2015.
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