En un giro radical en su política de seguridad, la presidenta Laura Fernández inauguró oficialmente el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), una megaprisión de máxima seguridad explícitamente inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador. El complejo busca desarticular desde la raíz a las bandas que han disparado la violencia en el país.
El gigantesco penal, ubicado junto al complejo La Reforma en San Rafael de Alajuela, abarca 91.000 metros cuadrados y requirió una inversión de 35 millones de dólares. Su diseño técnico está pensado para el aislamiento total: se divide en 5 módulos independientes con celdas colectivas de 90 metros cuadrados donde convivirán hasta 60 reclusos en literas de tres niveles, completamente desprovistas de tomacorrientes para anular cualquier uso de tecnología.
Bajo un régimen extremo, los internos —que vestirán uniformes naranjas sin pertenencias personales— solo tendrán una hora diaria de sol y sus visitas se limitarán a locutorios con vidrio blindado y telefonía monitoreada, eliminando todo contacto físico. Las autoridades confirmaron que los primeros traslados comenzarán a finales de octubre de 2026, priorizando a unos 2.500 cabecillas y "líderes negativos" ya identificados. Aunque el Gobierno defiende la obra como un paso urgente contra la crisis de homicidios, el proyecto ya enciende las alarmas entre activistas y opositores, quienes cuestionan el impacto de estas medidas de mano dura sobre los derechos humanos.