El Ente Regulador de Salta también aplica un plan de ajuste

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta dispuso un paquete de medidas de austeridad que se extenderá por 180 días, en línea con la política de contención del gasto que impulsa el Gobierno provincial.

La decisión incluye el congelamiento de salarios del directorio, la paralización de nuevas contrataciones y la suspensión de diversos gastos considerados no esenciales.

De esta manera, la medida fue formalizada mediante la Resolución N° 665, que establece el congelamiento de las remuneraciones y equivalencias salariales de los miembros del Directorio durante todo el período de vigencia.

Según indica la normativa, el objetivo es avanzar hacia una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos en un contexto económico que exige mayor control del gasto.

En paralelo, el organismo resolvió frenar la cobertura de vacantes y la incorporación de nuevos servicios personales. No obstante, la disposición contempla excepciones en aquellos casos en los que las contrataciones resulten indispensables para garantizar el funcionamiento operativo del ente, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Provincial N° 206/26.

El plan de ajuste también alcanza a otros rubros: se dispuso la suspensión de actividades de capacitación que impliquen erogaciones, así como de gastos protocolares, de cortesía y representación. A su vez, se interrumpirán nuevas contrataciones vinculadas al plan de comunicación institucional y se limitarán los viajes oficiales al exterior.

En materia de adquisiciones, durante los próximos seis meses no se realizarán compras de bienes de uso, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas desde el punto de vista administrativo. La decisión busca reducir el impacto de gastos operativos y concentrar los recursos disponibles en áreas consideradas prioritarias.

Como parte de este proceso de reordenamiento interno, todas las áreas del organismo fueron instruidas a revisar la ejecución presupuestaria vigente. La premisa será priorizar la asignación de fondos a las funciones centrales del Ente: la regulación, fiscalización y control de los servicios públicos en la provincia.

Desde el organismo señalaron que las medidas deberán aplicarse bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el objetivo de no afectar la prestación de los servicios ni el cumplimiento de sus funciones esenciales. En ese sentido, remarcaron que el ajuste apunta a optimizar recursos sin comprometer la calidad del control sobre los servicios públicos.