Abren investigación judicial con dos frentes por la boda en Las Conchas

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, confirmó que la investigación se orienta a determinar si se utilizó un permiso adulterado para llevar adelante la celebración. Según explicó, el documento presentado muestra irregularidades evidentes: “tenía una firma pegada, como cortada y pegada”, lo que encendió las alarmas sobre su autenticidad.

De acuerdo al análisis preliminar, el material exhibido contiene inconsistencias formales. “Hay una primera foja donde se menciona un supuesto evento, pero no existe una parte resolutiva donde la Secretaría autorice. En la segunda hoja aparece una firma que claramente está recortada”, detalló la fiscal.

La hipótesis en estudio encuadra en el delito de falsificación de documento público, que prevé penas de uno a seis años de prisión. La causa se inició tras la denuncia del secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, quien advirtió que el permiso presentado no habría sido emitido por el organismo correspondiente. A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal puso en marcha medidas para identificar a los responsables y reconstruir el origen del documento.

En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional interviene por la posible infracción administrativa vinculada a la realización del evento sin habilitación. Ambas líneas de investigación avanzan de manera coordinada. Entre las primeras diligencias, la Fiscalía busca identificar a la persona que presentó la supuesta autorización —que sería titular de un catastro en la zona— y requerir la documentación original. La investigación también alcanza a organizadores, intermediarios y cualquier persona que haya intervenido en la posible adulteración del permiso.