Trata de Menores: amplían imputaciones por abuso y extienden los plazos judiciales

Locales31/08/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
El juez federal de Garantías Leandro Bavio prorrogó la investigación por tres meses más, fijando el límite hasta el 28 de noviembre, debido a la gravedad de los hechos y el número de damnificadas. La investigación se centra en una organización dedicada a la captación de adolescentes para su explotación en la provincia.
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Avances en la imputación y fundamentos fiscales
El fiscal federal general Eduardo Villalba acreditó la existencia de una organización de carácter estable. El Ministerio Público Fiscal cuestionó los argumentos de las defensas sobre el supuesto desconocimiento de las circunstancias de las víctimas o la ausencia de coacción física directa. La fiscalía determinó que los acusados se habrían aprovechado de situaciones de vulnerabilidad extrema y necesidades económicas primarias. Asimismo, se señaló que diversos elementos probatorios evidenciaban que se trataba de personas menores de edad.
Medidas técnicas y nuevas figuras penales
Las pericias realizadas por la Unidad de Ciberdelitos permitieron el hallazgo de material relevante en los dispositivos electrónicos secuestrados. También se informaron coincidencias técnicas entre direcciones IP y ubicaciones geográficas vinculadas a los hechos investigados. En la última audiencia se ampliaron las acusaciones por delitos de abuso sexual agravado, suministro de sustancias y tenencia de material prohibido. Uno de los implicados, Gonzalo Chibán, sumó cargos por insolvencia fraudulenta tras detectarse maniobras para disponer de bienes inmuebles y evadir posibles embargos judiciales.
Detenciones y medidas cautelares
El magistrado ratificó la prisión preventiva para siete de los nueve acusados, incluyendo al principal investigado, Víctor Hugo Chorolque. Por su parte, Elio Gabriel Coria y Pablo Octavio Colque permanecen bajo la modalidad de arresto domiciliario. La justicia denegó los pedidos de libertad para resguardar la integridad de la investigación y evitar riesgos procesales. El fiscal hizo hincapié en la necesidad de proteger a las víctimas frente a posibles actos de coacción o manipulación por parte de los involucrados. Por la escala penal de los delitos imputados, los acusados podrían enfrentar condenas de entre 10 y 35 años de prisión.
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