San Carlos: El ex Intendente se transferia plata del municipio a su cuenta bancaria

Entrevista13/08/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal

La imputación penal provisional dictada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) contra el exintendente y actual diputado provincial, Héctor Raúl Vargas, abrió una verdadera caja de Pandora en los Valles Calchaquíes. El exjefe comunal enfrenta cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica, tras detectarse desvíos millonarios de fondos nacionales y retiros injustificados de las cuentas bancarias del municipio.

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Tras conocerse la formalización de la causa judicial, el abogado Gastón Paz, actual asesor legal de la intendenta María del Carmen Vargas, dialogó con Periodismo Animal y lanzó duras acusaciones.

"Se transfería plata del municipio a su cuenta privada"
El camino hacia la imputación comenzó inmediatamente después del recambio de gestión a fines de 2023. Paz recordó que el desorden administrativo y la falta de transparencia eran absolutos al momento de asumir el mando de la comuna. "Cuando asumimos en diciembre de 2023 hicimos las denuncias por varias irregularidades", detalló, puntualizando que el mecanismo de desfalco no guardaba ningún tipo de disimulo: "Se transfería plata del Municipio a su cuenta privada".
Si bien la investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se enfocó en un primer tramo de retiros en efectivo con cheques diferidos por más de $64 millones, las auditorías internas locales arrojan una cifra notablemente superior. "117 millones de pesos es lo que se calcula de desfalco", afirmó Paz, quien además aclaró que el objetivo de la actual administración es regularizar la transparencia institucional: "Hay un informe de la auditoría. Ya presentamos las rendiciones del 2024 y próximamente presentaremos la del 2025".
Con los elementos de prueba recolectados y la imputación ya formalizada por el Ministerio Público Fiscal, el abogado fue contundente respecto al horizonte procesal del actual legislador: "Queda que se eleve el requerimiento a juicio".
El drama social de los "loteos truchos"
Uno de los puntos más sensibles de la causa penal es la venta fraudulenta de terrenos destinados a un loteo social. La fiscalía penal comprobó que el exintendente firmó resoluciones oficiales asegurando que los predios contaban con redes de agua, luz, cloacas y estudios ambientales aprobados. Sin embargo, las inspecciones oculares demostraron que el lugar era un campo vacío delimitado de forma precaria con palos.
Esta maniobra, calificada por la Justicia como falsedad ideológica de documento público, dejó desamparadas a decenas de personas de bajos recursos. El asesor legal expuso la dimensión humana de la estafa: "Más de 99 familias se vieron afectadas por loteos truchos".
Amenazas y complicidad judicial en Cafayate
La recolección de pruebas y el avance de las auditorías no fueron tareas sencillas para el equipo legal del municipio, que debió enfrentar graves hechos de amedrentamiento en el territorio. Lejos de encontrar respaldo inmediato en los estamentos judiciales de la zona, el abogado denunció un llamativo amparo hacia los sectores denunciados.
"Sufrí amenazas, hice las denuncias y cayó en la fiscalía penal de Cafayate, y la semana pasada se la archivó", reveló Paz a este medio, sembrando sospechas sobre la velocidad y el criterio con el que la justicia local manejó sus denuncias por falta de seguridad.
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