AFA: Definirán hoy quién investiga la mansión de Pilar y qué pasará con la causa de los aportes

La Asociación del Fútbol Argentino enfrentará una semana de definiciones judiciales cruciales, con dos causas que involucran a sus máximos dirigentes, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino: la investigación sobre la mansión en Pilar y el caso de la retención de 19.000 millones de pesos de aportes patronales.

Sobre ese último expediente, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante decidirá si procesa o sobresee al presidente y al tesorero de la Asociación, que están imputados junto con otros dos dirigentes: Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, su par de Argentinos Juniors.

Los cuatro fueron imputados por no haber abonado en tiempo y forma 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes patronales. La defensa argumentó que la deuda finalmente se saldó, pero esta justificación podría no ser suficiente para evitar el procesamiento de algunos de los involucrados.

La causa sobre la propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa, valuada en 17 millones de dólares, se encuentra en disputa entre distintos Juzgados. Se trata de una mansión que está a nombre de Real Central S.A., una firma del monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.

Hasta ahora no apareció una explicación económica de cómo hicieron estas dos personas para adquirir la mansión, que cuenta con helipuerto, un haras, un galpón con decenas de vehículos de alta gama y otros tantos lujos. Por eso se los señaló como presuntos testaferros.

La Cámara Federal de Casación Penal recibirá este lunes a las partes involucradas para decidir quién debe llevar adelante la investigación.

Inicialmente, el caso estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas, quien luego le pasó el caso a su par del fuero penal económico Marcelo Aguinsky. Sin embargo, tras una maniobra judicial de Pantano, la causa pasó a manos del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

No obstante, el fiscal de San Martín, Carlos Cearras, solicitó que la causa saliera del juzgado de Charvay y regresara al de Aguinsky.

La definición está en manos de la Sala I del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.