Hipólito Yrigoyen busca el juicio político tras 12 denuncias contra la intendenta

Entrevista07/09/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
El Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen asienta con firmeza las bases para un juicio político contra la intendenta Soledad Cabrera.
El proceso cobra fuerza ante un presunto faltante técnico-contable de más de $1.000 millones en fondos públicos destinados a obras públicas y una acumulación histórica de denuncias penales en los tribunales provinciales.
En una entrevista exclusiva con Periodismo Animal, el concejal Gabriel Hoyos describió un panorama de urgencia institucional para el municipio. "Es una situación compleja que tiene tiempo. Nuestra participación en el Concejo Deliberante es reciente y hemos detectado varias irregularidades", detalló, remarcando que el reclamo no es un conflicto aislado sino una necesidad de control democrático: "La gestión pública debe ser transparente. No es un capricho del Concejo Deliberante. Son más de 1.000 millones bajo la lupa".
La falta de inversión estatal afecta la vida diaria de la comunidad en los aspectos más elementales. Según Hoyos, el impacto de las irregularidades ya es estructural. "El vecino paga y ve que estamos sin luz, sin calles y sin servicios básicos", denunció el edil, vinculando de forma directa la crisis con una "falta de rendiciones, programas que no se cumplen y malversación de fondos".
Laberinto judicial y parálisis legislativa
El avance hacia la destitución enfrenta severas trabas operativas tanto en el plano normativo como en las fiscalías. El concejal advirtió sobre la falta de respuestas del Poder Judicial ante las múltiples causas presentadas por la actual composición del cuerpo legislativo y la anterior. "Antes de nosotros se presentaron unas 8 denuncias, nosotros presentamos 4 denuncias más. No tenemos respuestas, no hay citación. Nos rebotan de fiscalía en fiscalía", criticó sobre la inacción judicial.
A este frente se le suma un vacío legal en la normativa que rige al municipio desde hace tres décadas. "Nuestra carta orgánica municipal de 1996 es vieja; establece que se puede destituir, pero no establece el debido proceso", explicó Hoyos. Frente a este escollo, el bloque opositor presentó un proyecto para reglamentar la medida, pero el Ejecutivo decidió vetarlo de inmediato. Sin embargo, el edil fue tajante respecto a los próximos pasos: "Vamos a insistir".
Con un recinto de composición marcadamente opositora (6 concejales frente a una sola banca oficialista), el avance de la reglamentación y el posterior juicio político asoman como la única vía institucional que barajan los ediles para resolver la crisis corporativa en Hipólito Yrigoyen.
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