El calvario del hermano de Thiago Altamirano: De la institucionalización ilegal al reencuentro con su familia paterna

Las alertas que el Estado no quiso ver
La tragedia de Thiago no ocurrió en un vacío. Según reveló Sarmiento, la madre de los niños se encontraba integrada en un dispositivo gubernamental de asistencia, lo que significaba que su cotidianeidad estaba bajo el monitoreo constante de los trabajadores estatales.

Sin embargo, el control falló de manera sistemática. "Ahí está la negligencia", denunció el letrado. "Cuando la madre se quería ir, le dejaba los chicos a la abuela paterna en la zona norte. Pero cuando volvía, aparecía con todo el peso del Estado para reclamar a los niños y retirarlos".

La defensa sostiene que el entorno de la madre era sumamente hostil. Testimonios recogidos en la causa penal evidencian que los menores sufrían situaciones de violencia en ese hogar, y que el propio Thiago manifestaba un profundo temor hacia la pareja de su madre. Además, el abogado afirmó que las acusaciones de maltrato contra el padre del niño (quien reside en la zona sudeste) carecen de sustento probatorio: "Solo está el testimonio de la madre, pero tenemos mensajes de texto donde ella le había adelantado que iba a realizar denuncias falsas en su contra".

El Hogar Cuna como herramienta de presión
El fallecimiento de Thiago desencadenó una decisión inmediata por parte de las autoridades: la institucionalización de su hermano menor en el Hogar Cuna. Para la defensa, esta medida se ejecutó al margen de la ley.

"En Argentina tenemos una cantidad de leyes impresionante. La Ley de Protección Integral establece con claridad que el Estado debe agotar las instancias buscando a la familia ampliada (abuelos, tíos) antes de institucionalizar a un menor", explicó Sarmiento. La familia paterna ni siquiera fue notificada del paradero del bebé; se enteraron de que estaba en el Hogar Cuna de manera extraoficial (off the record).

Para el abogado, el encierro del niño respondió a una estrategia de silenciamiento: "Lo colocaron en el Hogar Cuna, suponemos, como forma de apriete a la familia para que no se manifieste".

Esta hipótesis cobró fuerza cuando la abuela paterna inició las acciones legales para reclamar el cuidado del menor. De acuerdo con el testimonio del profesional, las primeras respuestas oficiales de la Secretaría de Primera Infancia llegaron en tono de amenaza: "Lo primero que les dijeron fue que no se podía protestar más. Les advirtieron: 'Si dicen algo, vamos a hacer un informe negativo y ustedes no lo van a poder ver más".

Hacia dónde va la causa
Tras un desgaste judicial y administrativo que la defensa califica como un "padecimiento innecesario", la Justicia determinó que el menor sea entregado a su abuela, una resolución que Sarmiento consideró "lo mejor que podía pasar mientras se resuelve la situación del padre".

El expediente por la muerte de Thiago sigue su curso en los tribunales para deslindar responsabilidades penales. Paralelamente, se analiza el rol de las instituciones públicas involucradas. "Se determinará si hay responsabilidad del Estado. La Constitución de la Provincia es clara al establecer que los funcionarios deben asumir las consecuencias de sus actos", remarcó el defensor.