Escándalo en Vaqueros: la millonaria recaudación en fotomultas no autorizadas que enciende las alarmas en el Concejo Deliberante

Entrevista17/10/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal

La concejala Carmen González Gómez reveló que el municipio ya recaudó más de 113 millones de pesos en lo que va del año mediante cámaras de tránsito que no se encuentran homologadas desde el 2022. Advierten sobre el riesgo de juicios masivos que terminarían pagando los vecinos.

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El municipio de Vaqueros se encuentra en el ojo de la tormenta tras conocerse los alarmantes números de la ejecución presupuestaria en materia de tránsito. En una entrevista brindada al programa Periodismo Animal, la concejala Carmen González Gómez denunció una alarmante falta de transparencia en el destino de los fondos públicos y la preocupante ilegalidad con la que operan los cinemómetros en la localidad.

Según detalló la legisladora, las proyecciones municipales estimaban una recaudación de apenas 23,8 millones de pesos por multas de tránsito. Sin embargo, al mes de junio, el Ejecutivo municipal reportó haber recaudado la impactante cifra de 113 millones de pesos, superando casi 40 veces lo proporcionalmente previsto para el periodo.

El dato más grave de la denuncia radica en el origen de estos fondos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó, tras un pedido de informe de los concejales, que las cámaras de fotomultas instaladas en Vaqueros no están homologadas ni autorizadas desde el año 2022. A pesar de que la auditoría nacional dictaminó que los dispositivos no están puestos a punto, el municipio se ampara en una laguna administrativa para continuar con los cobros. "El Ejecutivo nos dice que, como la Agencia dio de baja las cámaras pero no declaró explícitamente la nulidad de las actas anteriores, ellos las pueden seguir cobrando", explicó González Gómez.

Un convenio "vidrioso" y el temor a un perjuicio millonario
Desde el Concejo Deliberante advirtieron que esta situación expone al municipio a una ola de demandas judiciales por parte de los conductores infraccionados de manera irregular. "Si esto sucede, ¿quién va a pagar los platos rotos de los juicios? El municipio, es decir, los propios vecinos", alertó la concejala.
A la ilegalidad de las fotomultas se le suma la opacidad del contrato con la empresa prestataria del servicio, un acuerdo firmado en 2018 bajo la gestión del anterior intendente y que se renueva de forma automática. "No tenemos claridad de cuánto le queda realmente al pueblo o si la empresa privada se lleva todo el dinero", sentenció la edil, catalogando la situación como "completamente vidriosa".
Obras fantasma y reclamos vecinales
La polémica por las multas destapó un malestar generalizado por el estado de la infraestructura local. Durante la entrevista, se cuestionó el abandono de la calle principal, el deterioro de la ruta y la desaparición de la bicisenda, hoy reducida a ripio.
Asimismo, González Gómez se refirió al caso de la plaza local, una obra pública que cuenta con un desembolso del 30% de los fondos pero cuyos avances no se ven reflejados, al punto de que los propios vecinos ironizaron con una "inauguración simbólica" ante la parálisis de los trabajos y la falta de respuestas a los pedidos de informe emitidos desde el Concejo.
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