Salta inyecta $40.000 millones de la recaudación fiscal para frenar el colapso del IPS

Locales23/07/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal

Tras meses de extrema tensión en el sistema de salud pública, marcados por el corte de servicios, reclamos gremiales y la amenaza constante de la suspensión de prestaciones, el Ejecutivo salteño concretó un salvataje financiero para el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS). A través del Decreto 431, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso una partida extraordinaria de $40.000 millones de pesos destinada a normalizar las cuentas de la obra social más importante de la provincia.

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La medida representa el 83% de una ampliación presupuestaria general de $48.332 millones incorporada al ejercicio económico de 2025. El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, justificó la reasignación de partidas a partir de los excedentes de recaudación fiscal del periodo.
Un respiro para prestadores y afiliados
La intervención estatal llega de manera urgente tras semanas de complejas negociaciones entre las autoridades, clínicas, sanatorios y el Círculo Médico. Los profesionales de la salud venían denunciando graves retrasos en los pagos y exigían una actualización arancelaria frente a la escalada en los costos de los medicamentos y las prácticas de alta complejidad.
Aunque el decreto no detalla la distribución específica del dinero, fuentes gubernamentales confirmaron que el objetivo inmediato es saldar las deudas pendientes con la red de prestadores. De este modo, se busca recuperar la previsibilidad en la cadena de pagos y asegurar que los afiliados no sufran más restricciones en consultas y tratamientos.
Desafíos estructurales por delante
A pesar del alivio económico que supone esta inyección millonaria, analistas del sector advierten que el verdadero reto de la gestión de Gustavo Sáenz será corregir los desequilibrios de fondo. El constante incremento del costo médico internacional y la presión sobre el presupuesto estatal plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de la obra social a largo plazo si no se aplican reformas de optimización del gasto.
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