
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad, y dejó firme la actualización del decomiso fijado en el expediente. De esta manera, los condenados deberán responder de manera solidaria por una suma cercana a los $685.000 millones.

La decisión del máximo tribunal desestimó los recursos que buscaban frenar las medidas vinculadas a la ejecución patrimonial de los bienes. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisibles las presentaciones realizadas contra el sistema de actualización del monto. La resolución representa un nuevo avance en la etapa de ejecución de la condena, luego de que quedaran firmes las penas impuestas en el marco de la causa en la que se investigó el direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Monto Actualizado
En la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2022, el tribunal había fijado el perjuicio en más de $84.835 millones. Luego, a pedido del fiscal Diego Luciani, el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema realizó una actualización de esa cifra. El cálculo elevó el monto a $684.990.350.139,86, tomando como referencia los índices oficiales de inflación publicados por el INDEC. La defensa de la ex presidenta había cuestionado la metodología aplicada por los peritos contables y sostuvo que el decomiso no debía superar los $23.000 millones. Ese planteo fue rechazado en distintas instancias judiciales y ahora también quedó desestimado por la Corte Suprema.
Con la decisión de la Corte Suprema, el expediente queda encaminado hacia la ejecución patrimonial. El objetivo será recuperar, mediante el decomiso de bienes, el monto fijado como producto del delito. Los inmuebles, vehículos y otros activos que sean considerados útiles para el Poder Judicial podrían ser incorporados a su patrimonio. Aquellos que no tengan ese destino podrían ser subastados en remate público. Además, en Comodoro Py avanza una segunda tanda de bienes solicitada por el fiscal Luciani, que incluye 144 propiedades. Entre ellas se mencionan el departamento de San José 1.111, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, el hotel Alto Calafate, una residencia en Río Gallegos y fondos pertenecientes a Florencia Kirchner.





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