Panadería Social: Ex funcionario municipal convocado a audiencia judicial por irregularidades

La causa por presuntas irregularidades en la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, avanzó a una instancia clave. La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó ante la Oficina Judicial la acusación formal contra Luis Emilio Fayón Medina, expresidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario” durante la gestión de Bettina Romero, y contra dos familiares suyas, en el marco de una investigación por fraude a la administración pública.

Fayón Medina, quien estuvo al frente del organismo entre abril de 2021 y enero de 2024, fue acusado en calidad de autor del delito. En tanto, su esposa, Roxana González Domínguez, y su cuñada, Josefina González Domínguez, fueron imputadas como partícipes necesarias.

De acuerdo con la acusación, Roxana González Domínguez y Josefina González Domínguez se incorporaron como proveedoras del organismo poco antes de las operaciones investigadas, sin antecedentes comerciales ni experiencia previa acreditada en el rubro.

La documentación contable incorporada al expediente señala que las contrataciones realizadas con Roxana González Domínguez alcanzaron los $48.833.755,34, mientras que las efectuadas con Josefina González Domínguez ascendieron a $7.739.180. Para la Fiscalía, parte de los insumos facturados no habría ingresado efectivamente a la Panadería Social ni fue registrado en stock. El informe contable del Gabinete de Delitos Económicos del CIF detectó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que, en uno de los casos analizados, supera los $150 millones.

Además, la investigación detectó compras de materias primas en cantidades superiores a las necesarias para la producción de la panadería, sin que el excedente apareciera debidamente registrado. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche, valuados en cifras millonarias.

Para la Fiscalía, el accionar conjunto habría permitido el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración del cargo.

Tras la presentación de la acusación formal, la Oficina Judicial deberá sortear al juez que intervendrá en el control de la acusación.

Luego se dará intervención a las partes y se convocará a la audiencia correspondiente. En esa instancia se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio, en el marco del Nuevo Código Procesal Penal.