Una provincia sin control: La preocupante sumisión del Senado salteño ante el poder de turno

Locales07/08/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal

La sesión especial del Senado salteño dejó al descubierto, una vez más, la alarmante falta de independencia de un cuerpo legislativo que funciona como una escribanía del poder político. Al aprobar los pliegos de Gustavo Ferraris y Miguel Nanni para la Auditoría General de la Provincia (AGP), la Cámara Alta no solo barrió con una extensa lista de impugnaciones ciudadanas y técnicas, sino que demostró una preocupante sumisión ante los acuerdos de cúpula. Con el único y solitario voto en contra del senador Roque Cornejo, el oficialismo cerró filas para blindar a los candidatos, transformando la audiencia pública —el único espacio de participación y control democrático— en una farsa carente de efectos prácticos.

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Una interpretación constitucional "a medida" para garantizar la perpetuidad
El punto más escandaloso de la jornada fue la pirueta jurídica utilizada para garantizar la continuidad de Gustavo Ferraris al frente del organismo de control. Aunque el artículo 169 de la Constitución provincial —reformada en 2021— prohíbe de forma tajante que los auditores sean designados nuevamente tras cumplir sus funciones, los senadores recurrieron a un argumento insólito. Dictaminaron que, como los mandatos anteriores de Ferraris fueron previos a la reforma, este escandaloso tercer periodo debe contarse de manera conveniente como su "primera designación" bajo el nuevo régimen. La sumisión del Senado quedó expuesta al priorizar los intereses del funcionario por encima del principio republicano de alternancia que la propia reforma constitucional pretendía defender.
El desprecio por las denuncias laborales y el vaciamiento técnico
La condescendencia del Senado con el poder de turno también implicó hacer oídos sordos a las graves denuncias presentadas por la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC). El gremio, que declaró a Ferraris "persona no grata", expuso un severo informe titulado “Anatomía del colapso operativo”, donde detalló hostigamiento laboral, traslados punitivos y un alarmante "vaciamiento técnico" de la AGP. En lugar de investigar o exigir transparencia ante certificados médicos y dictámenes del INADI aportados por los trabajadores, la Comisión de Justicia desestimó todo bajo la cómoda excusa de que no existían "sentencias firmes". Del mismo modo, el Senado perdonó que la auditoría sobre el polémico Fondo de Reparación Histórica llevara más de cuatro años cajoneada sin un informe definitivo.
Militancia partidaria y el 
el desmantelamiento de la idoneidad profesional
El aval a Miguel Nanni terminó de consolidar el perfil político y complaciente que el poder de turno diseñó para el principal órgano de control externo de Salta. Las impugnaciones sobre su activa militancia en la Unión Cívica Radical y las sospechas en torno a las rendiciones contables de su partido en 2021 fueron minimizadas por un Senado que se conformó con una simple promesa de Nanni de "cesar su actividad partidaria" antes de jurar.
Para agravar el panorama, la Cámara Alta rechazó las firmes advertencias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre el peligro de dejar la AGP en manos de cuatro abogados y un solo especialista en economía. Al alegar que la Constitución no establece "cupos profesionales", los legisladores dejaron en claro que prefieren un organismo políticamente dócil antes que técnicamente riguroso.
Con esta sesión, el Senado salteño no solo aprobó dos pliegos; renunció explícitamente a su rol de control y dejó a la provincia desprotegida ante la discrecionalidad del poder.
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