Santiago Pedroza: Arresto, prisión domiciliaria y tobillera electrónica

En el marco de la investigación judicial por presunta estafa en la comercialización de terrenos inundables e inhabitables en la zona del Río Arias,el miércoles por la tarde noche el abogado Santiago Pedroza fue arrestado para luego, en la jornada de ayer ordenar la prisión domiciliaria hasta la colocación de una tobillera electrónica.

El pedido de detención fue realizado por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena quienes, detallaron, en audiencia, la calificación legal, los hechos atribuidos al imputado, el grado de participación que se le adjudica y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las maniobras investigadas, además de exponer los elementos de prueba reunidos hasta el momento.

La causa contra Santiago Pedroza se original en la denuncia realizada por un hombre de 35 años quien habría sido engañado en la compra de un lote en Atocha.

Según se investiga, las maniobras comenzaron en 2023 tras una ocupación ilegal de terrenos ubicados a la vera del río Arias. Luego del desalojo policial, un abogado se habría presentado ante las familias ofreciendo asesoramiento legal y la posibilidad de acceder a terrenos. De acuerdo con la investigación, unas 400 personas habrían resultado damnificadas. Los montos abonados iban desde los 500 mil pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones por familia. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias, tanto en domicilios particulares como en el estudio jurídico del profesional, con entrega irregular de comprobantes.

Un grupo de damnificados se presentó en abril pasado en la Casa de Gobierno, dónde les confirmaron que las gestiones atribuidas al abogado no tenían sustento legal, que no existían trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes y que los recursos judiciales mencionados habían sido rechazados.

Asimismo, desde Tierra y Bienes advirtieron que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron radicar las denuncias correspondientes. También se confirmó que los terrenos ofrecidos se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos humanos. Con esas denuncias se allanó el buffet de Pedroza en calle Córdoba al 200.

Tras formalizarse la investigación penal preparatoria, la Unidad Fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado por considerar que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta además la expectativa de pena.

También requirieron la realización de informes psicológicos, psiquiátricos y ambientales del acusado, así como la extracción de información de los teléfonos celulares secuestrados, especialmente vinculada a las comunicaciones mantenidas con denunciantes y posibles coimputados.

Luego de escuchar a las partes, la jueza Victoria Montoya Quiroga dispuso que Pedroza permanezca con arresto domiciliario y custodia policial fija hasta que se le coloque una tobillera electrónica.

Entre las restricciones impuestas, se le prohibió mantener contacto por cualquier medio con denunciantes o coimputados, así como realizar declaraciones públicas o publicaciones en redes sociales vinculadas a la causa.