Productores de Salta reclaman seguridad jurídica y la intervención del Estado por la usurpación de tierras

Entrevista17/11/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
Adriana Bonifacio, productora nacida en el departamento La Poma e integrante de la Asociación de Productores Fincas de Salta, advirtió que el conflicto territorial lleva casi 20 años sin resolución, frena las inversiones en la región y requiere seguridad jurídica urgente tras la derogación de la Ley 26.160.
La problemática de la usurpación de tierras en los Valles Calchaquíes suma casi dos décadas de litigios sin respuesta institucional. En diálogo con Periodismo Animal, la productora Adriana Bonifacio expuso la gravedad de la situación que atraviesan los propietarios de la zona, quienes denuncian estar atrapados en un vacío legal pese a contar con títulos de propiedad fehacientes y sentencias judiciales a su favor. 
Según relató Bonifacio, en su caso particular existe una sentencia de desalojo por vencimiento de contrato que nunca fue ejecutada. Esta demora se vincula con la vigencia de la Ley 26.160 —sancionada en 2006 y derogada en 2024—, que suspendía las ejecuciones de desalojos en territorios reclamados por comunidades originarias. "Hoy por hoy estamos a la espera de la justicia. No pedimos privilegios, queremos que se cumpla la ley y se respeten los derechos", señaló la entrevistada. 
Relevamientos cuestionados y falta de transparencia
Uno de los puntos centrales del reclamo apunta a la forma en que se realizaron los relevamientos territoriales durante las últimas dos décadas. Bonifacio explicó que, en muchos casos, los propietarios se enteraron años después de que sus campos habían sido incluidos en demarcaciones comunitarias sin su conocimiento. Como ejemplo, mencionó el caso de la comunidad Unión Diaguita Calchaquí en La Poma, cuyo relevamiento superaba las 120.000 hectáreas y debió ser impugnado por la asociación. 
Por este motivo, los productores exigen que se investigue el funcionamiento de los organismos estatales que intervinieron en el proceso y el destino de los fondos públicos asignados. "Necesitamos transparencia, relevamientos serios, documentación y criterios jurídicos claros", sostuvo. 
Impacto económico y fractura social
Más allá de las disputas legales, Bonifacio hizo hincapié en el deterioro del tejido social y el freno al desarrollo económico de los Valles Calchaquíes, una zona clave para la producción y el turismo en Salta. Según indicó, la incertidumbre jurídica impide realizar inversiones y generar nuevas fuentes de trabajo. 
Asimismo, remarcó que el conflicto generó violencia, pérdida de costumbres y profundos enfrentamientos entre vecinos y propios familiares. Lejos de buscar una confrontación directa, la productora subrayó que muchas de las personas que ocupan las tierras pertenecen a familias vulnerables que fueron utilizadas políticamente. 
"Lo que nosotros no queremos es que los productores estén enfrentados con familias vulnerables. Queremos que el Estado se haga presente y garantice los derechos constitucionales tanto para las comunidades originarias como para la propiedad privada", concluyó Bonifacio, reclamando una solución definitiva por parte de la Justicia y los legisladores. 
Te puede interesar
Lo más visto