Caso Thiago: La querella solicita el apartamiento de la jueza Claudia Güemes en el fuero de Familia

Entrevista26/10/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
El abogado Pedro Arancibia, representante de Hugo Altamirano, confirmó, en Periodismo Animal la presentación de una denuncia formal ante la Corte de Justicia. Acusan a la magistrada Claudia Güemes de destratar al padre de la víctima y de forzar a las partes a actuar sin el asesoramiento de sus letrados.
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En un nuevo e indignante giro en la causa que investiga el asesinato del pequeño Thiago, la querella presentó una denuncia formal por mal desempeño y violación de los deberes de magistrado contra la titular del Juzgado de Familia, la Dra. Claudia Güemes. Según confirmó su abogado, Pedro Arancibia, se ha solicitado formalmente el apartamiento inmediato de la jueza en el proceso que define la situación del hermano de la víctima.
Arancibia calificó de "crueldad" y "espanto" el accionar judicial y del fuero familiar hacia Hugo Matías Altamirano, padre de los niños. De acuerdo con el letrado, la jueza Güemes mantiene de forma injustificada la negativa de permitirle al padre ver, cuidar y criar a Tobías, el hijo que quedó con vida, basándose en informes que consideran falsos.
Graves acusaciones de destrato y amenazas
La denuncia cobra mayor gravedad al revelarse los supuestos dichos de la magistrada durante las audiencias de control de legalidad. Según el relato de la defensa, refrendado por los profesionales que presenciaron las actas, la jueza habría revictimizado al padre acusándolo de ser responsable de la muerte del niño: "Los únicos responsables de lo que le pasó a Thiago son ustedes dos", habría manifestado en referencia al progenitor y a la abuela paterna.
Asimismo, Arancibia detalló que la Dra. Güemes llegó a amenazar explícitamente al hombre al negarle el vínculo con su hijo menor: "No te puedo permitir que veas al menor porque sos una persona impulsiva. Cualquier día podés ir al domicilio de tu madre y matarlo, siendo yo la responsable como magistrada de esa situación".
Por otra parte, los abogados denunciaron maniobras de coacción dentro del juzgado. Aseguran que la magistrada presionó directamente a los familiares para que desconocieran las recomendaciones de sus defensores técnicos, afirmando que los letrados "no sabían nada" y que debían acatar únicamente sus directivas bajo la advertencia de que "se iban a arrepentir" si no lo hacían.
Complicidad policial y falsas denuncias previas
El entramado del caso penal sumó nuevos antecedentes que ya constan en el expediente de la causa. Se conoció el testimonio de una allegada a la madre de la víctima y acusada, Milagro Cuéllar, que confirma que las denuncias por violencia que pesaban sobre Altamirano eran totalmente armadas.
Según la investigación, Cuéllar diseñaba estas falsas acusaciones en complicidad con un efectivo policial de apellido Nelson. A cambio de favores sexuales, el uniformado le permitía registrar las denuncias en la comisaría en horarios específicos, maniobra que se utilizaba para restringir el contacto del padre con los menores antes de que ocurriera el trágico desenlace.
Avances en la causa penal
Mientras se define el apartamiento de la justicia de Familia, la causa penal por el homicidio avanza hacia el debate. El abogado querellante ratificó que la prueba contra la pareja de la madre, Nicolás Funes, es "contundente" y demuestra que el niño falleció por asfixia mecánica (sofocación), delito por el cual se prevé una expectativa de pena de prisión perpetua.
Respecto a Milagro Cuéllar, quien actualmente goza de arresto domiciliario por no haber estado en el lugar del hecho al momento de la muerte, la querella sostiene que le cabe la imputación de "comisión por omisión". Existen registros de chats cruzados con el imputado donde se evidencia que ella sabía perfectamente que el menor era víctima de constantes maltratos físicos y, aun así, continuó dejándolo bajo su cuidado.
Finalmente, la fiscalía a cargo de Daniel Escalante evalúa si la investigación penal por el incumplimiento de los deberes de funcionario público —tras las sistemáticas alertas ignoradas por la Secretaría de la Niñez antes del crimen— se unificará en el mismo juicio o si será derivada a otra fiscalía para determinar la responsabilidad política y administrativa de las autoridades competentes.
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