El sistema educativo salteño enfrenta un escenario desconcertante. Una investigación administrativa y legislativa busca determinar cómo la Escuela N° 7160, que legalmente alberga una plantilla de más de 300 personas, no posee aulas ni alumnos, sino rejas y guardias en su dirección declarada.
En una entrevista con Periodismo Animal, la concejal de la ciudad de Salta, Laura Jorge, expuso una de las irregularidades más insólitas de la gestión pública local: la existencia de "escuelas fantasmas". Se trata de instituciones que operan de forma invisible en el sistema formal, pero que en la realidad territorial carecen de infraestructura propia.
"Son cosas insólitas que pasan en Salta. La escuela no existe físicamente pero sí en el sistema y en los papeles", sentenció Jorge al referirse al caso testigo de la Escuela N° 7160. Al verificar el espacio geográfico donde debería dictarse clases, la sorpresa fue mayúscula: "En el lugar funciona un centro de detención de menores, pero no una escuela".
Un penal con 300 "docentes" contratados
El misterio detrás del establecimiento cobra dimensiones de fraude masivo al analizar los registros oficiales de personal. Lejos de ser una institución abandonada, la escuela cuenta con una enorme estructura de financiamiento estatal. "Estamos hablando de 300 personas nombradas en esa institución", alertó la concejal.
La contradicción entre las celdas del centro de menores y la planilla escolar se disipa, según la denuncia, al revisar quiénes cobran esos haberes. La investigación apunta a que el edificio inexistente funciona en realidad como una caja de resonancia de favores políticos: "La mayoría no son docentes, tenemos ahí punteros políticos".
Los nombres detrás del enigma y el silencio gremial
La legisladora capitalina fue tajante al exigir que las autoridades rindan cuentas sobre el perfil de los beneficiarios. "Se pide que expliquen por qué hay personas que no son docentes; hay periodistas, y figura Pablo Marcial, allegado al Gobierno de la Provincia", denunció públicamente.
A esta lista de irregularidades se suma la sospecha de complicidad sindical. De acuerdo con Jorge, la falta de denuncias previas por parte de los representantes de los trabajadores de la educación tiene una explicación interna: "Tenemos personas vinculadas al gremio de la ADP (Asociación de Docentes Provinciales) y entendemos que por eso se mantuvo al margen".
Sin respuestas claras y bajo la lupa legislativa
Ante el revuelo ocasionado por el hallazgo, el Ministerio de Educación ensayó una justificación que no conformó a la oposición. "Lo que plantea la Ministra es que esas personas estarían cumpliendo sus funciones en otras instituciones", replicó Jorge, cuestionando por qué se ocultan dichos movimientos bajo la fachada de un centro de detención. "Es lamentable que suceda esto cuando la educación tiene tantas necesidades", concluyó.
El caso ya trascendía las declaraciones mediáticas y se transformó en un conflicto institucional. Desde la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza presentó un pedido de informe formal exigiendo al Ejecutivo provincial que aclare el misterio de la Escuela 7160, detalle las funciones de las 300 personas designadas y explique el destino final de los fondos educativos.