
La Cámara Alta salteña dio sanción definitiva por unanimidad a dos leyes clave para la economía provincial. Se destinarán US$ 100 millones a proyectos de infraestructura y minería, mientras que otros US$ 150 millones servirán para afrontar compromisos previos de deuda.

En una sesión que contó con la presencia de 19 legisladores, el Senado de la Provincia de Salta aprobó este jueves dos paquetes financieros de gran relevancia que suman un total de hasta US$ 250 millones. Ambas iniciativas obtuvieron el respaldo unánime de los presentes y fueron giradas al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La primera de las leyes autoriza al Ejecutivo provincial a contraer un préstamo de US$ 100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Esta línea de crédito, que contempla un plazo de amortización de 32 años, siete años de gracia y desembolsos distribuidos a lo largo de seis años, estará destinada al programa “Infraestructura resiliente para el desarrollo económico regional y la creación de empleo – Salta”.
Los fondos del BIRF permitirán financiar obras clave para el crecimiento de las economías regionales y el auge del sector minero. Entre los principales proyectos proyectados se encuentran la rehabilitación de 24 kilómetros de la ruta nacional 51 (en el tramo Campo Quijano - Los Chorrillos), la modernización de la infraestructura logística en General Güemes y la ejecución de obras de agua y saneamiento en localidades de la Puna.
Por otra parte, la Cámara de Senadores convirtió en ley la autorización para emitir un título de deuda pública por un monto de hasta US$ 150 millones. El objetivo exclusivo de esta operación es refinanciar los vencimientos de capital e intereses del denominado Plan Bicentenario, correspondientes a diciembre de 2026 y a los meses de junio y diciembre de 2027.
Durante el tratamiento en el recinto, los legisladores aclararon que esta emisión no incrementará el stock real de la deuda provincial, ya que los recursos se utilizarán únicamente para cancelar las obligaciones ya existentes heredadas de la gestión de Juan Manuel Urtubey. Ambas leyes sancionadas facultan a la Provincia a afectar los recursos de la Coparticipación Federal como garantía de pago para asegurar mejores condiciones en los mercados capitales.
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