Fin del juego: La Justicia decretó la quiebra definitiva de la red de casinos New Star

Nacionales13/09/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
Tras más de una década de expansión y control sobre el mercado de apuestas en el norte del país, la Justicia de Tucumán declaró formalmente la quiebra de New Star, la firma controlada por la familia Curia Puig que operaba las reconocidas salas de juego Lucky, Blue y Royal. La caída se consolidó luego del fracaso del proceso de salvataje judicial implementado en julio pasado, dejando al descubierto un pasivo millonario que impacta de manera directa en las arcas públicas de la provincia de Salta.
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De acuerdo con los registros oficiales emitidos por el Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA), la firma arrastra una deuda que supera los $1.400 millones calculada hasta el 31 de agosto. A esto se añaden otros reclamos presentados por Rentas de la Provincia y la Municipalidad de Salta, los cuales ascienden a más de $199 millones, aunque este último tramo del pasivo no recibió el aval judicial en los tribunales tucumanos.
La severa sentencia dictada por los tribunales no solo estipula el cese definitivo de las actividades operativas de la firma, sino que activa mecanismos coercitivos inmediatos:
  • Liquidación de activos: Se ordenó la inhibición general de bienes de la compañía, la incautación de sus activos y la realización inmediata de todo su patrimonio para cubrir las deudas. 
  • Restricciones fronterizas: Quedó estrictamente prohibida la salida del país del socio gerente de la firma, Eduardo Guillermo Curia Puig, salvo que cuente con una autorización expresa del juzgado.
  • Freno a litigios: Se dispuso suspender la totalidad de los juicios patrimoniales que se encontraban abiertos en contra de la empresa fallida.

La caída de la operadora representa un giro drástico en la historia económica del sector en Salta. Durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey, New Star se consolidó como un jugador de peso tras la salida de ENJASA, llegando a manejar en su momento de mayor esplendor hasta el 34% de las salas de juego de la provincia. Sus operaciones se distribuían estratégicamente en localidades clave como Orán, Tartagal, Rosario de la Frontera, Metán, Güemes y la Capital. A pesar de haber conseguido una prórroga de su licencia por diez años adicionales en 2022 bajo promesas de modernización, los cortes de servicios, la falta de pago a proveedores y las deudas salariales sepultaron toda viabilidad económica en los últimos meses.

Frente a este escenario de quiebra decretada, la principal preocupación social se traslada a la masa de trabajadores que dependía de las salas clausuradas. Mientras una porción del personal logró cerrar acuerdos previos individuales con los representantes de los Curia Puig, el Gobierno de la Provincia inició un relevamiento técnico para evaluar alternativas viables que permitan reubicar en otros casinos habilitados del territorio a aquellos empleados que aún no han resuelto su situación laboral. La resolución judicial se notificará formalmente en los próximos días mediante su publicación obligatoria en el Boletín Oficial.

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