Grave precedente en Salta: El Procurador acusa en televisión, pero se ampara en el secreto fiscal para no dar pruebas

Locales03/09/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
En una resolución que profundiza la polémica en torno al caso Jimena Salas, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, rechazó formalmente la intimación presentada por la familia del fallecido excomisario Vicente Cordeyro. El jefe de los fiscales se negó a rectificar sus dichos o a exhibir los elementos que sustentan sus acusaciones públicas sobre una presunta "limpieza" de antecedentes penales.
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El argumento oficial: "Investigaciones en curso"
Mediante un dictamen firmado el 28 de agosto, García Castiella calificó el requerimiento legal de la familia como “absolutamente improcedente e impertinente”. Según el funcionario, la solicitud interfiere con investigaciones que actualmente se encuentran bajo estricta reserva sumarial a cargo de los fiscales penales intervinientes.
Acusaciones mediáticas sin respaldo documental
La decisión del Procurador generó fuertes cuestionamientos jurídicos y éticos, ya que las imputaciones contra Cordeyro y su esposa, Trinidad Socorro Chávez, no se realizaron dentro de un expediente judicial, sino ante los medios de comunicación. En declaraciones televisivas previas, García Castiella había señalado al excomisario por operar "detrás de las sombras" en el caso Jimena Salas y vinculó directamente a Chávez con maniobras para borrar registros del clan Saavedra, incluyendo denuncias por abuso sexual.
El abogado de la familia, Roberto Reyes, había exigido que la máxima autoridad judicial presentara las pruebas de manera "precisa, completa y documentada" o procediera a una rectificación pública. Sin embargo, la respuesta oficial esquivó el pedido, limitándose a archivar la presentación y sugiriendo a los afectados recurrir a otras "vías procesales".
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"No presentó ninguna prueba"
El entorno familiar reaccionó con indignación ante el blindaje del Procurador. Nicolás Cordeyro, hijo del excomisario, fue tajante al señalar que la resolución confirma que el funcionario no cuenta con sustento real para sus acusaciones.
La controversia abre un debate institucional sin precedentes en Salta sobre los límites y la responsabilidad de los funcionarios judiciales al realizar declaraciones públicas que dañan el honor de los ciudadanos sin un debido proceso previo. Por el momento, la fiscalía general mantiene su postura de silencio y reserva, mientras las acusaciones siguen flotando en la escena pública sin una sola prueba que las respalde.
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