El Fiscal Carlos Amad desarmó una red de pensiones truchas en Anta: "Prefiero ir contra la fábrica de certificados antes que contra los perejiles"

Entrevista20/08/2026 Periodismo Animal

Una megaorganización criminal dedicada a la gestión fraudulenta de pensiones no contributivas fue desbaratada en el departamento de Anta tras una exhaustiva investigación de la Fiscalía Federal de Salta. El fiscal federal Carlos Amad, en diálogo exclusivo con Periodismo Animal, confirmó que hasta el momento hay 15 personas imputadas, entre las que se encuentran el actual diputado provincial Gerardo Francisco Orellana, exgerentes de hospitales públicos, médicos, empleados municipales y un exjefe de la ANSES. El fraude genera un perjuicio estimado en 3.200 millones de pesos mensuales al Estado nacional.

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De acuerdo con la acusación fiscal, la banda operaba falsificando sistemáticamente certificados de discapacidad, historias clínicas y estudios médicos para otorgar los beneficios de forma irregular. "Tenemos registradas casi 5 mil pensiones irregulares obtenidas con certificados truchos en el departamento de Anta", detalló Amad. La justicia investiga los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título.
El rol del diputado Orellana y el circuito de la estafa
La imputación contra el diputado provincial de Anta, Gerardo Francisco Orellana, se remonta a su gestión previa como intendente de la zona. "Su nombre aparece mencionado conforme a los testimonios y documentos que tenemos, los cuales confirman su participación cuando ofrecía pensiones a cambio de sufragios a su favor", sentenció el fiscal, exponiendo el uso clientelar del sistema previsional.
Amad también precisó el "modus operandi" de los profesionales de la salud involucrados, entre quienes se encuentran los exgerentes del hospital de El Quebrachal (Roberto Bernardino Morales, César Ramiro Blanco y Oscar Ricardo Luna). "Los médicos les decían a los pacientes que no podían hacer los análisis en el hospital público y los derivaban a sus clínicas privadas; así es como funcionaba esta asociación ilícita", explicó. Además, el fiscal señaló que el esquema incluía beneficios económicos directos para los involucrados: "Está acreditado que ellos cobraban ciertos retornos, plata ilegal".
La estrategia judicial: ir por los organizadores
Al ser consultado sobre los cuestionamientos de los abogados defensores, quienes criticaron que la fiscalía no apunte contra los beneficiarios de los planes, Amad fue categórico en su estrategia criminal: "La defensa se quejó porque no ve al Ministerio Público persiguiendo a los pensionados truchos y nosotros vamos contra los médicos. Quien usa un certificado trucho es un perejil, yo prefiero ir contra la fábrica para que no emita más certificados truchos".
No obstante, aclaró que los beneficiarios no quedarán exentos de la ley. "Luego de esta fase iremos con cada pensionado, viendo si tienen o no discapacidades que ameriten el beneficio", advirtió, remarcando que, de todas formas, "todas estas personas gozan de un estado de inocencia hasta que se diga lo contrario".
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