La Fiscalía de Bolivia dictó una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado, vinculándolo con los bloqueos de carreteras que azotaron al país. La medida también afecta a líderes sindicales como Vicente Salazar, investigados por impulsar masivas protestas que exigían la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz.
Impacto y crisis social
El conflicto generó consecuencias graves, con al menos 22 fallecidos y 88 heridos, además de la paralización de suministros esenciales, informó la Defensoría del Pueblo. Las pérdidas económicas superan los 3.000 millones de dólares, afectando severamente la producción, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de excepción en junio.
Reacción de Morales
Desde el Trópico de Cochabamba, Morales rechazó la orden judicial, denunciando una "persecución política" para ocultar la crisis económica actual. Esta nueva orden se suma a otra causa previa por trata de personas, mientras la policía evalúa el momento para ejecutar la detención ante la alta tensión social.