El doble discurso minero: Sáenz festeja la "seguridad jurídica" mientras la justicia embarga a POSCO por estafar a proveedores locales

Las promesas de previsibilidad económica chocaron de frente con la realidad de los tribunales salteños. El gobernador Gustavo Sáenz cerró con entusiasmo el foro Salta Mining Summit II, proclamando que la provincia consolidó su posición como un polo minero atractivo gracias a sus reglas claras y a una sólida seguridad jurídica. Sin embargo, los encendidos discursos oficiales coincidieron temporalmente con una resolución que expone las profundas griencias del sistema productivo local: un fuerte revés judicial contra el gigante del litio POSCO Argentina.

El Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Salta dictó una medida cautelar de no innovar y ordenó trabar un embargo preventivo sobre los fondos de la corporación surcoreana. La decisión judicial se originó a raíz de una demanda presentada por una contratista salteña de servicios mineros encargada de obras clave en el proyecto Sal de Oro, ubicado en la Puna. Mientras que algunas denuncias apuntan a supuestas irregularidades sistemáticas en perjuicio de los eslabones locales de la cadena de valor, la multinacional emitió un comunicado oficial aclarando que se trata de una disputa estrictamente comercial por liquidaciones y cumplimiento de contratos. POSCO minimizó las versiones mediáticas que hablaban de un congelamiento multimillonario y precisó que la retención autorizada por la justicia asciende a unos USD 350.000.

La sincronía de ambos hechos pone en evidencia una marcada contradicción discursiva. Por un lado, el Ejecutivo provincial defiende un ecosistema de negocios blindado, diseñado para garantizar la estabilidad de las grandes inversiones de capital extranjero. Por el otro, el conflicto de POSCO desnuda la desprotección y la vulnerabilidad contractual que enfrentan los proveedores locales, quienes acusan trabas logísticas, modificaciones unilaterales y demoras que ponen en riesgo la viabilidad de las pymes de la región. Este escenario demuestra que la tan mentada "seguridad jurídica" suele operar como un concepto de una sola vía, enfocado en seducir capitales transnacionales mientras las empresas salteñas deben acudir a medidas judiciales extremas para hacer valer sus derechos económicos mínimos.