El grupo empresario de Levín va a fondo con juicios millonarios contra Provincia y Municipio

Según un expediente judicial, la histórica concesionaria reclama a la provincia alrededor de $22,2 millones entre alquileres impagos y multas por la permanencia de oficinas luego del vencimiento contractual.

Además la anterior administración de la terminal, también mantiene una disputa contra el municipio por un monto superior a los $11 millones, en una caso vinculado a daños, obras y pérdidas económicas relacionadas con el predio de la terminal.

Demanda contra la Provincia 

Se realizó a fines del 2025 y radica en la utilización de oficinas ubicadas dentro del predio de la terminal luego del vencimiento contractual. Aunque el reclamo original ronda los $1,6 millones entre alquileres, expensas y servicios impagos, la acumulación de multas diarias e intereses elevaría la cifra total hasta aproximadamente $22,2 millones.

De acuerdo al expediente, el contrato original había sido firmado en 2018 y vencía el 28 de febrero de 2020. Aunque posteriormente existieron negociaciones para una renovación, Terminal Salta sostiene que el nuevo acuerdo nunca terminó de formalizarse mediante el correspondiente acto administrativo.

La empresa asegura que, pese a ello, la ocupación continuó y que la Provincia siguió abonando alquileres y expensas hasta julio de 2022. A partir de agosto de ese año, según la demanda, dejaron de pagarse los cánones mientras las oficinas seguían siendo utilizadas.

Demanda contra el Municipio 

La acción judicial se origina en 2012 tras el hundimiento de dársenas que derivó en obras, reparaciones y posteriores reclamos económicos vinculados al predio. En esta demanda Terminal Salta S.A. reclama más de $11 millones entre costos de reparación, gastos financieros y pérdidas económicas derivadas del conflicto.

En primera instancia, la demanda fue rechazada el 15 de diciembre de 2025 por el juez Gonzalo Fernández Sabaté. En el fallo, el magistrado sostuvo que la concesionaria conocía desde el inicio las condiciones del suelo y que incluso había detectado problemas de humedad y menor capacidad portante en sectores cercanos al canal subterráneo. 

La sociedad presidida por Rubén Levín apeló la sentencia y el expediente escaló hasta el máximo tribunal de la Justicia provincial.

El litigio todavía continúa abierto. De hecho, recientemente la Municipalidad respondió uno de los últimos traslados y ahora la causa quedó bajo análisis del Procurador General de la Provincia, quien deberá emitir un dictamen previo a una futura resolución judicial.