Metalnor quedó sin permiso ambiental

En un fallo que marca un antes y un después en uno de los conflictos socioambientales más prolongados de la provincia, la Justicia hizo lugar parcialmente a la demanda impulsada por vecinos de la Ruta Provincial 26 y declaró la nulidad del Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM) otorgado a la empresa Metalúrgica Integral S.A., conocida como Metalnor.

La resolución alcanza al proyecto industrial ubicado en el kilómetro 5, en jurisdicción del municipio de San José de los Cerrillos, y beneficia a los habitantes de los barrios Los Pinares I y II, Los Crespones —considerados zona de influencia directa— y también a Los Paraísos, Las Tunas y La Isla, en la zona de influencia indirecta.

El fallo judicial establece la nulidad del certificado emitido el 6 de diciembre de 2023 por el municipio cerrillano, al considerar que el procedimiento administrativo que lo originó presenta irregularidades suficientes para invalidarlo. Sin embargo, la Justicia rechazó otras pretensiones de la demanda contra la empresa, La Rosita S.A. y la Municipalidad, y dispuso que las costas del proceso se distribuyan “por su orden”, es decir, que cada parte asuma sus propios gastos.

Aunque la resolución no implica el cierre inmediato del emprendimiento, sí desarma el principal respaldo administrativo que habilitaba su funcionamiento, y abre un nuevo escenario legal y político.

El origen de esta disputa se remonta a 2020, en plena pandemia, cuando comenzaron las obras en un predio de 42 hectáreas sobre Ruta 26. Lo que en un principio parecía un desarrollo inmobiliario pronto encendió las alarmas: se trataba de la instalación de una planta de fundición de metales ferrosos a escasos metros de zonas residenciales.

Uno de los ejes centrales del reclamo fue el riesgo sanitario y ambiental. Los vecinos denunciaron que la fundición implicaría la emisión de gases tóxicos y partículas contaminantes, con potencial impacto no solo en Cerrillos, sino también en la ciudad de Salta debido a la circulación de los vientos.

Además, señalaron la ausencia de un plan de contingencia adecuado, el uso intensivo de recursos como agua y energía en una zona con limitaciones, y la falta de acceso a información completa sobre el estudio de impacto ambiental.

En ese contexto, los denunciantes insistieron en que se había violado el principio precautorio establecido en la Ley Provincial de Ambiente, que obliga a frenar actividades potencialmente dañinas ante la falta de certezas sobre sus consecuencias.

Otro de los puntos críticos es el papel de las autoridades locales, tanto de la gestión anterior como de la actual. Los vecinos denuncian falta de acompañamiento institucional y exigen respuestas claras sobre el futuro del predio.

En particular, apuntan al intendente actual, Carlos Borelli, de quien esperan definiciones concretas sobre el destino de las 42 hectáreas y la posibilidad de que el proyecto continúe o sea definitivamente descartado.

En ese contexto, el fallo judicial no solo interpela al pasado, sino que coloca presión directa sobre la actual gestión municipal, que deberá definir si revisa integralmente el proceso administrativo heredado o si habilita nuevas instancias.