
El Senado aprobó la reforma de propiedad privada y restableció la Ley de Tierras
Nacionales20/11/2026
Periodismo AnimalCon 42 votos a favor y 26 en contra, la Cámara alta convirtió en ley la iniciativa que anula la derogación dispuesta por el DNU 70/2023. La norma vuelve a limitar la compra de campos por parte de extranjeros, agiliza los desalojos ante usurpaciones y endurece los requisitos para las expropiaciones estatales.

En una sesión marcada por intensas negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, el Senado de la Nación sancionó este jueves la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La normativa, aprobada por 42 votos afirmativos frente a 26 negativos, introduce cambios profundos en el régimen dominial argentino y restituye de manera plena la Ley de Tierras Rurales (26.737), dejando sin efecto su derogación establecida en el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
El restablecimiento de los límites a la extranjerización de la tierra fue la llave política que permitió destrabar el acuerdo legislativo. De este modo, vuelve a regir el tope máximo del 15% de titularidad extranjera sobre el total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, así como el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola y la prohibición de adquirir predios que contengan o limiten con cuerpos de agua permanentes y de envergadura.
Desalojos más ágiles y nuevas reglas para alquileres
Uno de los pilares de la reforma apunta a acelerar los tiempos judiciales frente a ocupaciones ilegales. La ley incorpora un mecanismo de desalojo exprés que habilita la restitución inmediata de inmuebles usurpados en un plazo de 72 horas, siempre que el propietario acredite fehacientemente su titularidad y la verosimilitud del derecho reclamado.
En materia de locaciones, el texto establece que, previo a iniciar una demanda de desalojo por falta de pago, el propietario deberá intimar al inquilino mediante carta documento otorgando un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. Asimismo, se incorporaron penalidades de hasta diez meses de alquiler para aquellos locadores que oculten o rechacen pagos de manera injustificada, junto con cláusulas de resguardo procesal para personas en situación de vulnerabilidad habitacional.
Freno a las expropiaciones y modernización registral
La normativa también modifica el régimen de expropiaciones estatales al exigir una fundamentación restrictiva del concepto de utilidad pública. A partir de su entrada en vigencia, el Estado deberá abonar una indemnización previa calculada a valor de mercado, sumando un 30% en concepto de lucro cesante y actualizaciones basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación. Además, limita a un máximo de 90 días la figura de ocupación temporánea anormal.
Por último, la ley impulsa la digitalización integral del sistema registral inmobiliario y flexibiliza los plazos de posesión —fijándolos en diez años— para facilitar la regularización dominial y el acceso a la escritura de viviendas únicas y predios pertenecientes a agricultores familiares.
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