Conflictos por inmuebles en Salta: el 83 % de las 318 causas de desalojo de 2026 se concentran en el distrito Centro

Locales16/11/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
Los conflictos por la ocupación y restitución de inmuebles continúan en aumento en la provincia. Según datos oficiales de la Sindicatura Interna del Poder Judicial de Salta, entre el 1 de enero y el 6 de noviembre de 2026 se iniciaron 318 causas de desalojo. Esta cifra no solo marca un ritmo sostenido de litigiosidad, sino que ya supera los registros totales de los años anteriores: en todo 2025 se contabilizaron 297 expedientes y en 2024 fueron 275. 
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El desglose territorial muestra una fuerte concentración en la capital y sus alrededores. Del total de demandas presentadas este año, el 83,3 % (265 causas) corresponde al distrito Centro, mientras que las 53 restantes se distribuyen en el interior provincial. Además, el ritmo de ingreso se aceleró en el segundo semestre, sumando 119 nuevas presentaciones en apenas 105 días tras haberse registrado 199 hasta fines de julio.
El vacío estadístico y las demoras judiciales
A pesar de la precisión sobre los expedientes iniciados, existe una incógnita central: cuántos de estos procesos llegaron a una sentencia firme o a un desalojo efectivo. Desde el Poder Judicial explicaron que las estadísticas suministradas reflejan únicamente el ingreso de causas, ya que los juicios suelen extenderse más allá del período anual en el que comienzan, lo que impide cruzar directamente ambos datos.
Sin embargo, para los propietarios afectados, esta falta de respuestas se traduce en años de incertidumbre y perjuicios económicos. Quienes reclaman la restitución de sus bienes denuncian que la Justicia no actúa con la celeridad que exige la privación de un inmueble y señalan que, mientras los expedientes se dilatan entre apelaciones y trámites, deben continuar afrontando los costos e impuestos de propiedades que no pueden utilizar.
Cuestionamientos políticos y el antecedente de Las Pailas
El reclamo también alcanza al Poder Ejecutivo. Sectores afectados, como referentes consultados en la zona de Cafayate, cuestionan la ausencia de mesas de negociación y advierten sobre una presunta falta de voluntad política para prevenir y destrabar las ocupaciones antes de que se eternicen en los tribunales.
Un caso emblemático que ilustra la magnitud de las demoras es el de Las Pailas. En ese conflicto, la orden de desalojo fue dictada en 2013, pero recién pudo ejecutarse en 2026, tras 13 años de espera. Para los damnificados y sus representantes legales, la prolongación indefinida de los litigios deja a las partes sin tutela efectiva y exige una rendición de cuentas clara sobre los motivos detrás de cada retraso institucional.
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