Paraguay: Santiago Peña enfrenta hasta 15 años de prisión por el escándalo de Ueno Bank

Internacional13/11/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
El expresidente paraguayo fue destituido, expulsado de su partido y permanece detenido preventivamente mientras avanzan los allanamientos y las detenciones de altos funcionarios del sistema financiero. La Justicia abrió una bóveda oculta en su mansión de verano que resultó estar completamente vacía.
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La crisis desatada por la caída y el proceso de resolución de Ueno Bank se consolidó como uno de los mayores terremotos políticos, judiciales y financieros en la historia reciente de Paraguay. La investigación judicial avanza directamente sobre el expresidente Santiago Peña, quien fue destituido por el Senado el pasado 6 de noviembre y permanece bajo prisión preventiva.
Imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, el exmandatario podría enfrentar una pena máxima de hasta 15 años de cárcel de acreditarse los delitos. El escándalo también provocó su inmediata expulsión de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), fuerza política que lo había llevado al poder en 2023.
Hallazgos judiciales y cúpula financiera bajo arresto
Durante los allanamientos en la residencia de verano de Peña en San Bernardino, la Fiscalía halló una bóveda oculta tras una pared falsa que se encontraba completamente vacía, mientras investiga el origen de los fondos de la propiedad y decomisa dispositivos electrónicos y documentos en diversos operativos.
La causa también derivó en la detención de figuras clave del sistema regulador y empresarial:
  • Holger Insfrán: Titular de la Superintendencia de Bancos, arrestado con gran cantidad de documentación vinculada al caso.
  •  Carlos Carvallo: Extitular del Banco Central del Paraguay, detenido preventivamente por presunta lesión de confianza y falsificación documental tras su renuncia. 

  • César Manuel Astigarraga Lambaré: Presidente de la tecnológica ITTI SAECA, quien se entregó a la justicia en medio de sospechas de triangulación de créditos y vaciamiento financiero.

Adicionalmente, se activó la cooperación internacional con Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para rastrear activos en el exterior.
Impacto en ahorristas y fondos públicos
El colapso de la entidad —que afectaba a cerca de tres millones de clientes— provocó la pérdida de 7.000 empleos y una profunda conmoción social. El mandatario Pedro Alliana indicó que el Estado cubrió a cerca de 1.740.000 ahorristas (el 95% del padrón protegido) mediante un desembolso de 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos, aunque continúa la alerta por unos 800 millones de dólares de fondos públicos y cajas jubilatorias —incluido el Instituto de Previsión Social— cuya recuperación es prioridad nacional.
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