El dramático testimonio en Periodismo Animal, de Omar Valdéz, padre de Mauricio, una de las víctimas, expone el abandono estatal, las presiones políticas detrás de la orden fatal y la lucha familiar contra el archivo de la causa penal.
En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de los cuatro brigadistas salteños en el incendio de Guachipas en 2014, un conmovedor testimonio volvió a poner luz sobre las negligencias políticas y judiciales que rodearon al caso. Omar Valdéz, padre de Mauricio Valdéz —quien perdió la vida junto a Martín Albarracín, Víctor Humberto Ferreira y Matías Daniel Vílte—, recordó el calvario de las familias y cómo un hallazgo fortuito impidió que la causa penal fuera sepultada en el olvido.
Durante la entrevista, Valdéz confirmó que, si bien la instancia civil concluyó con el pago de las indemnizaciones dictadas por el juez a la viuda de su hijo y a la madre de Vílte, el proceso demandó cuatro años de desgaste frente a un Estado que "se quería hacer el sonso". Sin embargo, el contraste con el fuero penal es total: la causa fue archivada sin responsables. "El fiscal Poma había cerrado todo como si no hubiera pasado nada; una vergüenza", sentenció.
El hallazgo que reactivó la causa
El giro clave en la investigación ocurrió gracias al propio esfuerzo de los familiares, quienes encontraron un teléfono celular incinerado pero casi completo entre los restos del siniestro. El video recuperado de ese dispositivo —que la justicia local nunca buscó— expuso de forma irrefutable las condiciones inhumanas y la falta de equipamiento con la que los jóvenes fueron enviados a combatir las llamas.
"Gracias a ese video pudimos reabrir la causa junto al doctor Carlos Saravia", explicó Valdés, detallando las intensas gestiones que debieron realizar para reactivar el expediente tras el primer intento de archivo judicial.
Órdenes políticas y terrenos privados
El trasfondo del operativo también sumó duras críticas hacia la gestión del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey. Según el testimonio, la urgencia de enviar a los brigadistas a "un incendio pedorro" respondía a que las tierras afectadas pertenecían a la familia de la entonces jueza María Inés Diez y su esposo, un reconocido dirigente político local. "Tenían que ir o ir; la orden la impartió el exgobernador", afirmó el padre de la víctima.
Un quiebre y un monumento a la memoria
Pese al dolor y la impunidad penal, el sacrificio de los cuatro jóvenes marcó un antes y un después en la estructura de Defensa Civil de la provincia. Las constantes demandas de los familiares en cada espacio público lograron presionar para que las actuales autoridades equiparan y capacitaran adecuadamente al personal de emergencias.
La entrevista coincidió con la finalización del acto oficial en el monumento erigido al final de la avenida Patrón Costas, un espacio que busca honrar de forma permanente la memoria de quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber.