El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, formalizó la imputación penal contra el exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, señalándolo en calidad de "jefe" de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo. Durante la audiencia, el magistrado dictó prisión preventiva por un lapso de dos meses y ordenó su inmediato traslado al penal de Villa Las Rosas, estableciendo además un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.
La investigación, impulsada de manera conjunta por la PROCUNAR NOA y la PROCELAC, sostiene que la estructura criminal liderada por Martínez operaba con el objetivo de blanquear dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando en la zona de frontera.
Fuga, detención y rechazo de los planteos de la defensa
El avance judicial contra el exjefe comunal se da luego de que Martínez se diera a la fuga tras filtrarse información sobre una serie de 32 allanamientos coordinados por la Gendarmería Nacional, operativos en los que resultaron detenidos otros once integrantes de la banda. Días después, el exfuncionario se entregó voluntariamente en una dependencia policial de Orán.
En los tribunales, la defensa técnica intentó evitar el encarcelamiento argumentando supuestas complicaciones de salud derivadas de cirugías craneales previas. Sin embargo, la fiscalía desacreditó el planteo al demostrar que la documentación médica presentada correspondía a cuatro meses atrás y contrastaba con los informes de la clínica tratante, que confirmaban una recuperación exitosa del paciente.
Para fundar la prisión preventiva, la Justicia valoró de manera determinante el riesgo de fuga, acentuado por la probada facilidad de Martínez para trasponer la frontera hacia Bolivia, su elevada capacidad económica, sus vínculos políticos y su persistente influencia en la región fronteriza.