Cuentas anónimas y fondos del Congreso: el pedido de indagatoria que acorrala a Emiliano Estrada

Locales07/10/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal

El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada. La acusación apunta al presunto uso de recursos de la Cámara de Diputados para financiar una estructura clandestina en redes sociales dedicada a la difusión de noticias falsas y campañas de difamación.

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La presentación judicial se realizó ante el juez federal Sebastián Casanello, quien ahora deberá resolver si hace lugar al pedido del Ministerio Público. El expediente investiga el delito de peculado de servicios, una figura penal que castiga la utilización de mano de obra pagada por el Estado para el beneficio personal o político de un funcionario.

Una estructura de "trolls" solventada por el Estado
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Estrada habría desviado las funciones de dos asesores contratados bajo su órbita legislativa. En lugar de abocarse a la asistencia técnica en proyectos de ley, los colaboradores habrían sido destinados a administrar una red de cuentas anónimas en la plataforma TikTok.
Desde esos perfiles digitales se difundían de manera sistemática videos y operaciones políticas contra periodistas, empresarios y miembros del gabinete salteño. Entre el material bajo la lupa de la Justicia se detectaron publicaciones que asociaban al propio Gobierno de la Provincia de Salta con el narcotráfico. Según la acusación, la maniobra buscaba intimidar a opositores y modelar la opinión pública para obtener ventajas electorales.
El derrotero de la causa: de Salta a Comodoro Py
El caso se originó a partir de una denuncia penal radicada el 16 de enero de 2025, período en el cual Estrada todavía ejercía su banca en el Congreso. Si bien los primeros movimientos del expediente tuvieron lugar en la jurisdicción de Salta, la competencia terminó siendo cedida a los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.
La mudanza de la causa se justificó debido a que el presunto perjuicio económico afectó a las arcas del Congreso de la Nación, sumado a que parte de las tareas de producción y edición de los videos difamatorios se habrían coordinado desde los propios despachos oficiales de la Cámara de Diputados.
El pedido de indagatoria marca un hito clave en la investigación, aunque desde la Fiscalía recordaron que la medida no equivale a una condena firme. En caso de que el juez Casanello convalide el requerimiento, el ex legislador tendrá el derecho de ejercer su defensa formal y presentar las pruebas pertinentes frente a las imputaciones en su contra.
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