"Escuela Fantasma": La justicia investiga pese a la negación del Gobierno

Locales25/09/2026Periodismo AnimalPeriodismo Animal
La justicia salteña avanza en la recolección de pruebas tras una denuncia penal que pone bajo la lupa la estructura administrativa de la Unidad Educativa N.º 7160. La presentación judicial cuestiona una nómina que supera las 300 personas vinculadas a la institución, alertando sobre posibles superposiciones de cargos, cobros de adicionales indebidos y presuntos sobresueldos. La denuncia, impulsada por la docente Celia Alancay con el patrocinio del abogado Nicolás Vedia, plantea dudas sobre el funcionamiento real del establecimiento y si cuenta con una matrícula de alumnos que justifique semejante cantidad de personal.
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La respuesta del Ministerio de Educación
Ante la polémica, la ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, rechazó de forma categórica las acusaciones. "No hay ninguna escuela fantasma, no hay cargos truchos ni nada por el estilo", afirmó la funcionaria, quien aseguró que todas las personas señaladas se encuentran prestando servicios efectivamente.
Desde la cartera educativa explicaron que la situación responde a la dinámica del propio sistema provincial. Según Fiore, desde 2014 se cerraron alrededor de 60 establecimientos en Salta. Bajo los mecanismos administrativos habituales, cuando una escuela deja de funcionar, los cargos disponibles se relocalizan para cubrir vacantes y necesidades de personal en otras instituciones activas, motivo por el cual siguen figurando bajo la órbita de la Unidad 7160.
Cruces políticos y antecedentes
La ministra también vinculó la denuncia con intenciones partidarias al señalar que "los años políticos se han adelantado". Asimismo, detalló que la denunciante, Celia Alancay, fue cesanteada del Ministerio tras acumular más de 150 días de inasistencias sin dictar clases y recordó que la docente cuenta con antecedentes penales, habiendo sido imputada en 2024 por la presunta explotación ilegal de juegos de azar en línea.
Estado de la investigación judicial
La causa penal se tramita en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC). La fiscalía ya requirió al Ministerio de Educación los instrumentos legales de creación de la Unidad N.º 7160, sus planillas de personal, registros de asistencia y las correspondientes liquidaciones salariales.
Por el momento, el proceso se concentra en contrastar la documentación oficial para determinar el recorrido y la transparencia en el destino de los fondos públicos, sin que existan hasta la fecha imputaciones formales ni determinaciones firmes sobre la comisión de un delito.
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