La Salta del "atamos todo con alambre": a días de juzgar a chicos de 14 años, la provincia no tiene dónde meterlos

El nuevo Régimen Penal Juvenil entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre de 2026 en la provincia de Salta, introduciendo la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, su implementación genera gran preocupación debido a la falta de infraestructura y recursos suficientes en un sistema que ya se encuentra sobrecargado.

La realidad que describieron las autoridades judiciales en la Cámara de Senadores roza el colapso. Salta pretende encerrar a menores de edad en un sistema penitenciario que ya está quebrado. Con alcaidías incendiadas por el hacinamiento y presos adultos hacinados hasta en los baños de las comisarías, la promesa de crear centros especializados y equipos interdisciplinarios suena a utopía burocrática. No hay personal capacitado, no hay psicólogos suficientes y mucho menos un plan serio para contener el flagelo de las adicciones que empuja a los chicos al delito.

La única respuesta "manotazo de ahogado" del Poder Judicial ha sido salir a contratar de apuro 400 tobilleras electrónicas adicionales. La alarmante estrategia oficial es pasar de 200 a 600 dispositivos para mandar a los detenidos a sus casas porque los techos estatales ya no aguantan más gente. Mientras los legisladores debaten en el aire un "Programa Integral de Reinserción", el 5 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Salta abre las puertas a un régimen penal de adultos para los adolescentes, pero con las manos completamente vacías.