De Acción Social a la Legislatura: el mapa de los 15 imputados por las pensiones truchas en Anta

La causa de las pensiones truchas en el departamento Anta dio un salto clave este miércoles: el Juzgado Federal N°2, a cargo de Diego Anzorreguy, formalizó la investigación por un año y dejó bajo proceso a 15 personas.

El fiscal general Carlos Amad describió en audiencia una cadena aceitada que combinaba salud, municipios y organismos nacionales. No eran gestores sueltos. Era, según la acusación, una estructura con roles definidos: captadores, médicos que firmaban, bioquímicos que truchaban análisis, fotocopiadores que clonaban membretes y funcionarios que cargaban todo en el sistema.

El circuito del fraude

La maniobra era simple y brutal. Se ofrecían pensiones no contributivas por discapacidad en barrios y parajes rurales como moneda de cambio político. Después, se armaba el expediente.

En laboratorios se hacía aparecer diabetes o Chagas donde no había. En clínicas y hospitales se emitían certificados con porcentajes de incapacidad altísimos para personas que, según la Fiscalía, hasta estaban trabajando. En una fotocopiadora al lado del hospital se reproducían firmas y sellos. Y desde adentro del Estado, se abrían las puertas del sistema informático para que todo avanzara.

Por cada trámite cobraban. Desde $20.000 por una renovación hasta $1.000.000 cuando la persona no tenía ninguna enfermedad. Una de las charlas secuestradas lo expone sin filtro: un análisis de diabetes enviado por WhatsApp con la pregunta "¿le cambio el nombre para otra persona?".

Durante los 26 allanamientos, Gendarmería encontró la prueba más burda: la misma radiografía usada para dos pacientes distintos, con el nombre adulterado.

Quiénes son los 15

La Fiscalía no habló de eslabones menores. En la lista hay peso político y sanitario:

1 y 2. El eje político y la captación: María Romano, empleada de Acción Social de El Quebrachal, señalada como la reclutadora que cobraba y derivaba a los beneficiarios; y el diputado provincial por Anta Gerardo Francisco Orellana, exintendente, acusado de intervenir expedientes y usar el sistema para captar familias vulnerables.

3, 4, 10, 14. El corazón médico: Roberto Bernardino Morales, exdirector del Hospital Enrique Romero; César Ramiro Blanco, médico del mismo hospital y dueño de la Clínica Cristo Rey, que según testigos cobraba $500 mil si no había enfermedad; Diego Augusto Ocampo, traumatólogo de J.V. González que habría llegado a cobrar $207.000 por consulta y estudios; y José Edmundo Brisuela.

5. El laboratorio: Luciano Benjamín Esteban, bioquímico que adulteraba análisis en el hospital público y en la clínica privada.

6. La fábrica de papeles: Hugo Humberto Massa, empleado municipal y dueño de la fotocopiadora frente al hospital, acusado de falsificar documentos con membretes y firmas.

7, 11, 13. La ventanilla del Estado: Edmundo Dante Salazar, exjefe de ANSES en El Quebrachal (2021-2024), que habría entregado claves de acceso a terceros; Manuel Rodolfo Córdoba (Municipalidad de J.V. González) y Luis Casares (CIC de J.V. González), encargados de cargar documentación presuntamente trucha sin controles.

Completan la nómina Luis Alberto Verón (médico dedicado a renovaciones por $20 a $40 mil), José Wilson Muñoz Torres (médico del circuito sanitario), Humberto Brisuela Mendoza y Francisco Orellana.

Todos enfrentan cargos por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, falsedad ideológica y, en varios casos, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La dimensión del caso

El número que desató la investigación es impactante. En la zona se otorgaron 39.775 pensiones. De ellas, unas 9.000 no cumplirían ningún requisito. Solo en Anta, con una población pequeña, se detectaron 4.305 beneficios.

La causa nació el 24 de julio de 2024, de casualidad, cuando en un procedimiento en Chaco aparecieron certificados falsos firmados por un médico de Joaquín V. González. Un año después, el expediente tiene teléfonos peritados, historias clínicas cruzadas con ANDIS, ANSES, ARCA y Capital Humano, y un perjuicio mensual de $3.280 millones.

Por ahora, los 15 deberán presentarse telefónicamente cada mes, avisar si salen del país y no podrán disponer de sus bienes e inmuebles por la anotación de litis. La investigación recién empieza.