El eterno dolor de cabeza de la seguridad en la provincia volvió a quedar en el centro de la escena. Tras una picante reunión en el Senado salteño, legisladores y autoridades provinciales pusieron el grito en el cielo por la famosa “puerta giratoria”: esa realidad donde la Policía se rompe el lomo atrapando a los delincuentes en los operativos, pero estos terminan recuperando la libertad más rápido de lo que dura un amargo.
El encuentro, que contó con la presencia del ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y los capos de la Policía de Salta, sirvió para blanquear el descontento generalizado. Según los funcionarios, el laburo de hormiga que hacen los investigadores y la fuerza policial en la calle se desinfla por completo una vez que los sospechosos quedan en manos de la Justicia y vuelven a la calle en un abrir y cerrar de ojos.
Frente a este panorama, el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad, paró la pelota y propuso armar una mesa de trabajo oficial entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. La idea no es ir al choque con los jueces, sino sentarse a revisar los papeles y los procedimientos para encontrarle la vuelta al asunto. Buscan herramientas legales que eviten que las causas pierdan fuerza y que el esfuerzo policial termine en la nada.
Tobilleras para liberar las calles
Otro de los puntos fuertes que se charló en la reunión fue el derroche de personal policial en tareas administrativas o de custodia. El ministro Avellaneda metió el dedo en la llaga al dar un ejemplo clarito: hoy por hoy, muchísimos efectivos de la Brigada de Investigaciones —sobre todo en el norte provincial— pasan los días vigilando de cerca a delincuentes que tienen arresto domiciliario.
Para cortar con esto y mandar a los uniformados a patrullar los barrios, la Provincia ya está craneando junto a la Justicia la implementación de tobilleras electrónicas. El plan busca que la tecnología se encargue de controlar a los guardados, liberando de una vez por todas a los policías para que cuiden a los vecinos en la calle.
La discusión ya está planteada y promete traer cola. El gran desafío que tendrá la nueva mesa de trabajo será encontrar un equilibrio justo: que los detenidos rindan cuentas ante una investigación seria sin que eso signifique pasar por arriba de las garantías y los derechos que exige la ley.